¿Es legal?

Retomemos la pregunta…
¿Se imagina un incentivo para los médicos que diesen más altas?
¿Sería un síntoma de que necesariamente nos curan mejor, sabiendo que cobran un “extra” por ello?
¿Sentiría miedo si usted fuese un paciente que recibiese constantes alta$ y no se remitiesen sus molestias?

Son muchos los interrogantes que sugiere esta orden. Sin embargo, aquí solo nos centraremos en tres asuntos especialmente polémicos.

Inicialmente no parece coherente que el juicio de un funcionario público, su peritación, su diagnóstico o su evaluación puedan verse orientados por recompensa alguna. Eso parece que choca con la objetividad que requiere el servicio público que ejerce. Recordemos que el profesorado otorga títulos académicos que acreditan una cualificación profesional, que habilita a una persona para prestarle a usted una gran variedad de servicios. Es deber de todo ciudadano denunciar cualquier delito de prevaricación del que sea testigo, sobre todo si es funcionario, porque si no lo hace se convierte en cómplice. Ningún profesor debe consentir que le lleguen alumnos sin el nivel de preparación adecuado, sin haber agotado sus opciones de repetición, si sospecha que ha ocurrido por intereses económicos.

Por otro lado se plantea el pago de un incentivo en un determinado año, que puede llegar a 3400€, por la consecución de unos objetivos que no demuestran necesariamente haber realizado ni horas extras ni ningún esfuerzo añadido, y del que se consolida el 60% anual para el resto de su vida laboral (puede llegar a ser más de 2000€). No existen precedentes de que en el cuerpo de funcionarios se haya consolidado a perpetuidad ninguna “hora extra”. Las diferencias de sueldo entre el profesorado se perpetuarán el resto de sus vidas en función su trayectoria en un año concreto, en un entorno concreto, en un destino concreto -que no tuvo por que ser elegido-, en base a unos parámetros que no están en absoluto bajo su control.

Por si fuese poca la controversia, una “agencia externa” –Agencia Andaluza de Evaluación Educativa-, formada por gente elegida a dedo por la Administración -en La Orden han sido muy francos-, decidirá finalmente el porcentaje de objetivos conseguido; la cuantía de la recompensa

A muchos nos parece del todo ilegal, pero el asunto no es sencillo. Los grandes sindicatos apoyaron la orden, por lo menos hasta que percibieron que podía perjudicar su imagen. El resto de sindicatos tienen la papeleta de emprender un proceso que les puede hacer perder un gran volumen de votos; la gran mayoría del profesorado podría acogerse al programa porque ello se paga con 600€. Si un recurso prosperase, los “acogidos” y los “escogidos” tendrían que devolver su pequeña fortuna.

La Junta ha realizado una gran campaña publicitaria para que la población descubra las “bondades” del Plan de Incentivos (Programa de Calidad y Mejora le llaman). Algunos padres hasta percibirán que se le va a “ayudar” a su hijo. Los padres que tienen el dinero suficiente para alzar el recurso que paralice esta sinrazón tienen a sus hijos en la enseñanza privada, al igual que nuestros políticos, y no están muy preocupados ya que así se aseguran situarlos en una posición de privilegio. El Plan aparentemente solo tiene beneficiarios, y los que advertimos su perjuicio tenemos que luchar contra los intereses de otros compañeros. Está Orden puede abrir una fractura total entre el profesorado, y remarcará las diferencias entre la población andaluza.